En una carta publicada esta tarde a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario contestó el pasado 25 de septiembre que su institución ya no cuenta con más documentación como han señalado los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos, con sustento en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

La misiva confirmó lo dicho el lunes por Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes, quien denunció que lejos de dar respuesta a sus denuncias, dicha dependencia sugirió que se cuestione a El Gil, mientras que el gobierno federal trasladó toda la responsabilidad de los hechos a Guerreros Unidos.

El gobierno también hizo pública hoy una relatoría de los hechos sustentada en la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa a cargo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Las hipótesis

En el documento expuso tres hipótesis sobre lo que habría motivado al ataque y desaparición de los jóvenes normalistas, siendo la principal de ellas la presunta confusión de Guerreros Unidos respecto a los estudiantes, pensando que en realidad eran parte de la organización antagónica conocida como Los Rojos.

De acuerdo con una conversación retomada en el informe, “El Negro”, quien era uno de los líderes de Guerreros Unidos, le dijo a Sidronio Casarrubias “El Chino”, que por “órdenes de arriba” existía la instrucción de desaparecer a los estudiantes porque no sabían quién pertenecía a Los Rojos y quién no y se “estaba calentando mucho la plaza”.

Posterior a esa orden, los jóvenes habrían sido divididos en al menos tres grupos diferentes, entre policías de Huitzuco y Guerreros Unidos, siendo probablemente asesinados y desaparecidos en Pueblo Viejo, Loma de Coyotes, en el Rancho de los Tilos, en Iguala; así como en el Río Balsas y la Barranca de la Carnicería, en Cocula; en el poblado de Coacoyula, en Tepecoacuilco; y en Huitzuco.

Las otras dos hipótesis del gobierno federal consideran que el ataque se pudo deber a “un escarmiento” por parte de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera”.

Finalmente, el gobierno señaló que uno de los posibles motivos de la agresión fue la presunta presencia de drogas, armas o dinero en uno de los autobuses tomados por los jóvenes, teoría sustentada en que el quinto camión en el que viajaban los estudiantes resultó sin daños.