En aquella entrevista con los participantes del programa televisivo de “Tercer Grado”, cuando Andrés Manuel López Obrador era Presidente Electo, dijo: “tengo profunda confianza de los organismos autónomos y las organizaciones de la sociedad civil”.
Por eso no debiera nadie sorprenderse por que más de cuatro años y medio de su mandato, el Gobierno de la República haya sistemáticamente desmantelado o, en el mejor de los casos, debilitado a tantas instituciones que desde antes de la transición democrática se crearon para acotar el poder de lo que era la Presidencia Imperial.
Si somos francos, debemos reconocer que no ha engañado a nadie, el Presidente López Obrador no ha hecho nada que no incluyera en sus narrativas de la campaña por la Presidencia, pero el pleito con el Poder Judicial es distinto, aunque sus mañaneros alegatos sean los mismos argumentos empleados contra otros organismos autónomos.
Es distinto porque pretenden doblegar a la voluntad de la Presidencia Imperial a uno de los Tres Poderes de la Federación, porque el Poder Judicial no es sólo la Suprema Corte de Justicia, lo confirman todos los magistrados y jueces que dependen del Consejo de la Judicatura Federal y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La ofensiva de Palacio Nacional, del oficialismo y hasta de la Candidata Presidencial del Partido Oficial no tiene otro objetivo que el de someter al Poder Judicial a la voluntad del Ejecutivo Federal, con la coartada de que hay que “democratizarlo”, lo cual, dicen se haría haciendo que los jueces, magistrados y ministros y jueces fueran “elegidos por el voto popular”, lo que en estricto rigor implicaría politizar sus tareas, sujetas a la siempre volátil opinión pública.
Al respecto el histórico Constitucionalista Emilio Rabasa escribió: “la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representan la voluntad de las mayorías. Los ministros, magistrados y jueces no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia”.
En tres palabras, los ministros, magistrados y jueces no están para hacer política, sino para administrar justicia y tomar decisiones jurídicas, no decisiones políticas. Eso sería sujetar la administración de la justicia a hacer política electoral, lo cual redundaría en fallos políticamente convenientes, los cuales emitirían con criterios políticos, no jurídicos.
Quizá para el Gobierno de la República que en más de cuatro años y medio de mandato ha conseguido devolverle a la Presidencia de la República muchos de los poderes metaconstitucionales que le acotó la transición democrática sea el paso necesario para que dentro de once meses tengamos otra vez una Presidencia Imperial, pero para los ciudadanos de a pie es una de las mayores amenazas a nuestras garantías constitucionales.
La cita de Richelieu en el epígrafe de estas líneas ejemplifica cómo las autoridades pueden distorsionar la aplicación de la ley en perjuicio de los ciudadanos. Cierto, fue hace cuatro siglos, pero en los pasados cuatro años hay ejemplos de detenciones y enjuiciamientos arbitrarios.
Por eso la politización del Poder Judicial y su consiguiente peligroso debilitamiento es muy riesgoso para los ciudadanos, pues con la actual enorme concentración de Poder en manos del Ejecutivo Federal, los ministros, magistrados y jueces constituyen hasta hoy la última línea de defensa de los ciudadanos de a pie, la única garantía de que no quedaremos indefensos ante lo abusos y arbitrariedades de las autoridades.
