Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que obligará a la extinción de 13 de 14 de fideicomisos, así como a la devolución de los remanentes a la Tesorería de la Federación, después de cubrir las obligaciones para los cuales fueron creados
Fue a la medianoche, cuando el dictamen se validó con 260 votos en favor y 196 en contra, Morena agregó un artículo quinto transitorio a la reforma, para definir que los remanentes se destinen a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y para obligar al Poder Judicial a publicar un informe desagregado de los fondos devuelto
En esos 13 instrumentos había 15 mil 434 millones de pesos, a junio pasado. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo (Morena), explicó que no todos los fondos serán devueltos en automático a la Tesorería, porque antes de su extinción, deben cumplirse todas las obligaciones previstas en los contratos celebrados.
«Únicamente los recursos remanentes serían reintegrados a las tesorerías correspondientes de los propios órganos del Poder Judicial y, posteriormente, a la Tesorería de la Federación. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral deberán realizar una cuidadosa revisión de las obligaciones derivadas de estos instrumentos financieros y garantizar su cumplimiento», precisó.
Venganza política
En medio de un debate donde la oposición sostuvo que la reforma es una venganza política por los fallos de la Corte, Morena defendió que se trata de acabar con los privilegios de ministros y magistrados.
Desde la tribuna, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, explicó que su iniciativa es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes de los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores. «Que no les mientan ni los usen de escudo humano».
Incluso, acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de organizar las movilizaciones de los trabajadores.
El priísta José Yunes sostuvo que la reforma sí afecta los derechos de los empleados del Poder Judicial y refirió que, según los transitorios del dictamen, tras la extinción de los fideicomisos, los remanentes se reintegrarán a las tesorerías de la Corte, el Tribunal Electoral y la Judicatura.
