Según expertos en el campo, la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una disminución adicional en la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) representará una presión financiera adicional para el próximo año.
Alejandra Macías, directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indicó que la reducción al 30% del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) impactaría principalmente los ingresos derivados del petróleo Pemex, lo que a su vez podría ejercer presión en el gasto si no se alcanza la recaudación prevista.
«Al reducir las responsabilidades de Pemex, se anticipa una disminución en los ingresos públicos y, si no se están reduciendo las proyecciones de gastos, ¿se incrementarán los Requerimientos Financieros del Sector Público? Con este cambio, podríamos esperar una disminución en los ingresos provenientes del petróleo, lo que, para compensar, podría requerir un mayor endeudamiento que lo inicialmente aprobado», explicó.
Para el próximo año, se prevén ingresos petroleros por 1.04 billones de pesos, lo que representa una disminución del 24.1% en comparación con el presupuesto aprobado para este año. Además, se espera que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcancen el 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
La reducción en el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) también impactará a los estados, según Jorge Cano, investigador de México Evalúa. Esto provocará una disminución en la recaudación federal que se comparte con los estados y es probable que las participaciones estimadas en el Paquete Económico 2024 se vean reducidas.
Durante la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) en la Cámara de Diputados, se aprobó una reserva que disminuyó aún más el DUC de la petrolera. Mientras que la Secretaría de Hacienda propuso una reducción al 35%, los diputados la redujeron al 30%.
Por lo tanto, durante la presente administración, el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) habría experimentado una disminución sustancial, pasando del 66% al 30%, siempre y cuando sea aprobado por el Senado.
