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México volverá a contar con empresas ferroviarias estatales

Las comisiones unidas del Senado aprobaron por unanimidad, con 37 votos, que México vuelva a contar con empresas ferroviarias para brindar el servicio de transporte de pasajeros en todo el país, considerando este servicio como una «área prioritaria para el desarrollo nacional».

La reforma constitucional, que solo necesita ser aprobada en el pleno del Senado para completar el proceso legislativo federal y ser enviada a los congresos estatales, estipula que «el Estado Mexicano recupera el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros». Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.

La modificación al artículo 28 constitucional establece que «la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de esta Constitución». Además, indica que el Estado, al ejercer su rectoría en estos ámbitos, protegerá la seguridad y soberanía de la Nación. Al otorgar asignaciones, concesiones o permisos, el Estado mantendrá o establecerá el control sobre las respectivas vías de comunicación, de acuerdo con las leyes aplicables.

En el régimen transitorio se aclara que «los concesionarios actuales del servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para ofrecer transporte ferroviario de pasajeros. En cualquier caso, se dará preferencia al transporte de pasajeros, según lo establecido por la legislación».

Laura Estrada, de Morena, declaró: «Hoy nos reunimos para devolverle al pueblo lo que le fue arrebatado: el transporte ferroviario, un pilar de nuestro desarrollo económico y social, para ponerlo nuevamente al servicio de la gente».

Mayuli Latifa Martínez, del PAN, apoyó «esta gran reforma ferroviaria», pero insistió en que el Gobierno federal debe apegarse a la legalidad, desarrollar proyectos ejecutivos que consideren el impacto ambiental y garantizar la transparencia en los gastos.

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