Mercado negro, pérdida fiscal y riesgos sanitarios: los efectos colaterales de una prohibición sin regulación
La prohibición total de los vapeadores en México avanza como una decisión de alto impacto sanitario, económico y fiscal, pero con beneficios cuestionables. Expertos anticipan efectos negativos tanto en la salud pública como en las finanzas del Estado, al empujar un mercado multimillonario hacia la informalidad, el contrabando y, en el peor de los casos, al control del crimen organizado.
Un mercado que no desaparece por decreto
El mercado de vapeadores en México está valuado en alrededor de 26 mil millones de pesos anuales, con un crecimiento sostenido y un incremento de 2.1% en el uso entre adultos, según datos disponibles a 2022. La prohibición no eliminó la demanda: la desplazó.
Tras el anuncio de la medida, productos de origen desconocido, sin etiquetado, sin control sanitario y sin estándares mínimos de calidad, inundaron calles y tianguis, elevando los riesgos reales para los consumidores. En lugar de reducir daños, la política pública los amplificó.
La propuesta enviada al Legislativo
La iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso plantea una prohibición amplia: producir, importar, exportar, almacenar, distribuir y comercializar vapeadores y dispositivos análogos. La reforma se sustenta en argumentos de protección a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la redacción genera una paradoja legal:
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No se sanciona el consumo ni la posesión para uso personal.
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Sí se criminaliza al comerciante, con penas de uno a ocho años de prisión y multas que van de 11 mil a 226 mil pesos.
El resultado es un esquema disfuncional: el usuario puede vapear, el comerciante legal desaparece y el traficante gana terreno.
Impacto fiscal: miles de millones que el Estado deja ir
Especialistas del Colegio de México advierten que una regulación formal, en lugar de una prohibición total, permitiría gravar el mercado mediante el IEPS, como ocurre con otros productos de riesgo.
Las estimaciones apuntan a que alrededor de 5 mil millones de pesos anuales hoy se mueven en la informalidad. Recursos que podrían destinarse a salud pública, prevención de adicciones y atención médica, pero que actualmente no pagan impuestos ni generan trazabilidad.
La doble moral regulatoria
La contradicción es evidente:
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Alcohol, azúcares y grasas saturadas —productos con impactos comprobados en enfermedades crónicas— no fueron prohibidos, sino regulados y gravados.
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Los vapeadores, en cambio, enfrentan una prohibición absoluta, sin una estrategia integral de reducción de daños.
En los hechos, se protege la recaudación de ciertos mercados mientras se sacrifica la eficiencia regulatoria en otros. Se cuida la salud de las finanzas públicas, no necesariamente la de los ciudadanos.
Política moral vs. política pública
Diputados y senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal y Adán Augusto López, podrán presentar la aprobación de la reforma como una victoria política. Pero el trasfondo apunta más a un capricho moralista que a una política de salud basada en evidencia.
La experiencia internacional es clara: prohibir sin regular fortalece mercados ilegales, reduce control sanitario, incrementa riesgos y erosiona la recaudación. El costo final no lo pagan los vapeadores, sino los consumidores, el sistema de salud y el erario.
En este escenario, la pregunta clave no es si los vapeadores son inocuos —no lo son—, sino si la prohibición total es la herramienta correcta. Hoy, todo indica que no lo es, y que México está repitiendo una fórmula conocida: ilegalidad, pérdida fiscal y mayor riesgo social.
