La polémica gira en torno a los artículos 182 y 183 del dictamen aprobado por el Senado, los cuales establecen la obligación de los operadores de telecomunicaciones de colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia
En medio de un intenso debate legislativo y social, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la nueva Ley de Telecomunicaciones y Seguridad no representa una amenaza para la privacidad de los ciudadanos, “el gobierno ni espía ni censura”, dijo tajantemente.
La mandataria respondió así a las críticas que han surgido desde diversos sectores de la sociedad civil y la oposición.
“Es falso, es mentira, que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso, se miente deliberadamente.
“El Gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros. Todos los que estamos aquí, de alguna manera fuimos espiados, porque todos los compañeros y compañeras son militantes del movimiento desde hace muchísimos años. Nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie”, declaró.
Viejas disposiciones
La polémica gira en torno a los artículos 182 y 183 del dictamen aprobado por el Senado, los cuales establecen la obligación de los operadores de telecomunicaciones de colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Según el gobierno, estas disposiciones ya existían en la legislación vigente desde 2014 y no otorgan acceso directo a datos personales sin autorización judicial.
Hace unos días, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones –organismo que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones–, explicó que la colaboración con autoridades solo puede realizarse mediante mandamiento escrito, fundado y motivado por un juez, conforme al artículo 16 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
A pesar de las garantías legales, organizaciones como R3D han expresado preocupación por el historial de vigilancia en México, recordando casos como el uso del software Pegasus.
Señalan que el problema no radica únicamente en el texto de la ley, sino en su aplicación y en la falta de mecanismos claros de auditoría y rendición de cuentas.
