México discute el futuro del trabajo con una ausencia: millones de negocios familiares que aplicarán las decisiones rara vez tienen representación proporcional en la mesa donde se diseñan. La conversación suele concentrarse en autoridades, sindicatos y grandes corporaciones. Falta escuchar a quienes levantan la cortina, pagan la nómina y conocen a sus trabajadores.
Los derechos laborales son indispensables. También lo es revisar cómo se hacen sostenibles. Los negocios formales han incorporado vacaciones dignas, seguridad social, incrementos salariales, Ley Silla y nuevas obligaciones administrativas.
A partir de 2027 comenzará además la reducción gradual de la jornada hasta llegar a 40 horas en 2030.
Un ejemplo muestra la presión. Con un salario bruto de 15 mil pesos, el trabajador recibe aproximadamente 13,050 pesos netos. El establecimiento puede desembolsar entre 19,200 y 19,550 pesos al sumar IMSS, INFONAVIT, prestaciones e impuesto estatal sobre nómina. No toda la diferencia son impuestos, pero toda debe financiarse. En México, crear un empleo formal también genera una contribución estatal para quien lo crea.
Mientras tanto, más de 55% de la población ocupada permanece en la informalidad y sólo cerca de una tercera parte de 6.1 millones de mipymes opera plenamente dentro del sistema. Cada reforma parece dirigirse a los mismos contribuyentes porque son visibles, mientras el espacio informal queda fuera del debate.
La inteligencia artificial vuelve urgente corregir esa representación. En 2013, Frey y Osborne, de Oxford, analizaron 702 ocupaciones y estimaron que 47% del empleo estadounidense era altamente susceptible a la computerización. No dijeron que 47% desaparecería. Para México, una estimación identifica a 2.93 millones de trabajadores en ocupaciones altamente expuestas a la IA generativa, principalmente en tareas administrativas, contables y de información.
La tecnología puede elevar la productividad necesaria para absorber una jornada menor y mayores costos. Pero un negocio pequeño no adopta IA con un decreto. Necesita crédito, conectividad, capacitación y procesos sencillos. Si se le exige transformarse sin herramientas, la alternativa será no contratar, reducir horarios o abandonar la formalidad.
El diálogo laboral debe ampliarse a cámaras locales, comercio, servicios, turismo, mipymes y negocios familiares. No para detener derechos, sino para hacerlos posibles. Una democracia económica debe escuchar a quien regula, a quien reclama y a quien genera el puesto, paga cada obligación y responde cuando las cuentas no alcanzan. Sin esa voz territorial, las reformas serán legales pero seguirán lejos de la realidad que pretenden transformar.
