Hay momentos en los que un país debe decidir si se acostumbra al miedo o si empieza a organizarse para vencerlo.
México está frente a uno de esos momentos.
La extorsión, la sobrerregulación y la falta de acceso al financiamiento no son problemas aislados. Son tres barreras que golpean todos los días a millones de negocios familiares, comercios, restaurantes, hoteles, talleres, agencias, proveedores, transportistas y empresas que sostienen la economía real del país.
Por eso iniciar en Tijuana la Ruta Nacional por la Prosperidad y la Justicia Económica tiene un significado profundo. Tijuana no es solamente una ciudad fronteriza. Es el municipio más poblado de México, una puerta económica del país, un punto estratégico para el comercio, la industria, el turismo, los servicios, la exportación y la vida comunitaria.
Tijuana representa al México que trabaja, arriesga, invierte, emplea y resiste.
Desde ahí decidimos enviar un mensaje claro: México no puede acostumbrarse a vivir, invertir, abrir un negocio o trabajar con miedo.
La prosperidad no nace de los discursos. Se construye con seguridad, legalidad, financiamiento, orden y reglas claras. Se construye cuando el Estado genera condiciones para que quien quiere cumplir pueda hacerlo; cuando las cámaras empresariales organizan, acompañan y representan; cuando la sociedad denuncia; cuando las autoridades responden; y cuando los negocios familiares dejan de estar solos frente a los retos que enfrentan.
La Ruta Nacional por la Prosperidad y la Justicia Económica parte de tres ejes: combate a la extorsión, justicia económica y financiamiento, y reducción de la sobrerregulación.
El primer eje es urgente: la seguridad.
La extorsión no es solo un delito. Es un impuesto criminal. Es una amenaza directa contra la libertad de trabajar. Cuando un comerciante paga extorsión, no solo pierde él; pierde su familia, pierden sus trabajadores, pierden sus proveedores y pierde la comunidad.
Si el transportista paga, sube el flete. Si el proveedor paga, sube el insumo. Si el comerciante paga, sube el precio. Si el restaurante paga, se frena la contratación. Si el negocio familiar paga, se rompe la confianza.
Y cuando se rompe la confianza, se detiene la inversión.
Por eso el combate a la extorsión no puede verse solamente como una tarea policiaca. Es una causa nacional. Requiere denuncia, inteligencia, coordinación, tecnología, atención a víctimas y aplicación de la ley. Requiere que las autoridades actúen, pero también que la sociedad y el sector productivo se organicen.
El Pacto contra la Extorsión iniciado en Tijuana busca precisamente eso: construir una ruta de corresponsabilidad. Del lado de las autoridades, implica atención, acompañamiento, protección, prevención, investigación, procuración de justicia, coordinación institucional y cero tolerancia a la corrupción. Del lado empresarial, implica promover la denuncia, fortalecer la comunicación, organizar redes, compartir información útil, usar tecnología y sumar a más sectores.
También significa impulsar la denuncia anónima a través del 089, disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Porque denunciar no debe ser un acto de abandono; debe ser el inicio de una respuesta institucional.
En este contexto debe reconocerse la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta ley recoge una demanda urgente del país: contar con un marco nacional para enfrentar un delito que lastima a personas, familias, empresas y comunidades enteras.
Pero una ley no cambia la realidad por sí sola. Una ley necesita aplicación. Necesita territorio. Necesita ministerios públicos que funcionen, policías coordinadas, víctimas protegidas, inteligencia compartida y confianza social.
Esa será la verdadera prueba.
El segundo eje es la justicia económica y el financiamiento.
Durante años se ha hablado de crecimiento, pero no siempre se ha hablado de quién puede participar en ese crecimiento. México no podrá romper ciclos de desigualdad si millones de negocios familiares siguen fuera del crédito, de la capacitación, de la digitalización, de las cadenas de proveeduría y de las oportunidades reales para crecer.
Un país no se desarrolla solamente con grandes inversiones. También se desarrolla cuando una tienda puede modernizarse, cuando un restaurante puede contratar más personal, cuando una agencia puede digitalizarse, cuando un proveedor local puede venderle a empresas más grandes, cuando una familia puede convertir su esfuerzo en patrimonio.
Impulsar a los negocios familiares no es asistencialismo. Es estrategia económica.
Porque ahí está la base productiva del país. Ahí está el empleo local. Ahí está la economía de mostrador. Ahí está la familia que abre temprano, que atiende personalmente, que paga renta, nómina, luz, impuestos y que muchas veces sostiene barrios enteros con su actividad.
La prosperidad debe sentirse abajo: en la caja registradora, en el mostrador, en el inventario, en la nómina, en el proveedor local y en la tranquilidad de saber que el esfuerzo sí puede convertirse en futuro.
El tercer eje es reducir la sobrerregulación.
Cumplir no debe ser una carrera de obstáculos. En México, muchos negocios no fracasan por falta de ganas, sino por exceso de trámites, duplicidades, criterios discrecionales, permisos interminables y costos que terminan castigando a quien quiere estar dentro de la formalidad.
La formalidad debe ser el camino más sencillo, no el más difícil.
Por eso debe reconocerse también la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su propósito de simplificar, digitalizar y homologar trámites responde a una demanda histórica del sector productivo: menos discrecionalidad, menos duplicidad, más certeza y más facilidad para cumplir.
Pero otra vez hay que decirlo: la ley necesita territorio.
Abrir, operar o renovar un negocio no depende únicamente de la Federación. Muchas de las barreras más pesadas están en la ventanilla municipal: licencia de funcionamiento, uso de suelo, protección civil, anuncios, permisos, verificaciones y criterios que cambian de una oficina a otra.
Por eso desde CONCANACO SERVYTUR México hemos impulsado que los municipios se sumen a la Ventanilla Digital de Establecimientos Mercantiles. La simplificación debe llegar al escritorio donde se entrega un permiso, al módulo donde se revisa una licencia y a la ventanilla donde un negocio decide si formalizarse o rendirse.
Lo ocurrido en Ensenada ofrece una lección importante. El reordenamiento de espacios públicos debe hacerse con diálogo, acompañamiento y piso parejo. No se trata de enfrentar a quien busca sustento, sino de construir una ruta para que más personas puedan integrarse a la legalidad.
La formalidad no debe imponerse con soberbia. Debe construirse con oportunidades.
El comercio formal no pide privilegios. Pide seguridad, trámites simples, financiamiento, respeto a quien invierte y condiciones para que todos puedan competir con reglas justas.
Esa es la esencia de esta ruta: seguridad para trabajar, crédito para crecer y reglas simples para cumplir.
México necesita una nueva alianza desde el territorio. Una alianza entre gobierno, cámaras empresariales, academia, sociedad civil, instituciones de seguridad, empresas grandes, pequeños comercios y negocios familiares. Porque ningún sector puede solo. Y porque los problemas que enfrentamos no se resuelven con discursos aislados, sino con coordinación permanente.
La extorsión se combate con ley, denuncia y confianza.
La informalidad se reduce con orden y oportunidades.
La desigualdad se enfrenta abriendo acceso al financiamiento.
La sobrerregulación se vence simplificando la vida de quien quiere cumplir.
Este esfuerzo no es de un día ni de una sola firma. Es una ruta nacional que debe avanzar municipio por municipio, cámara por cámara, negocio por negocio.
Cuando protegemos a un negocio familiar, protegemos una historia de esfuerzo. Cuando ordenamos el comercio, defendemos la competencia justa. Cuando facilitamos el acceso al crédito, abrimos movilidad económica. Cuando reducimos trámites, cerramos espacios a la corrupción y la discrecionalidad. Y cuando combatimos la extorsión, defendemos algo más grande que una actividad económica: defendemos la libertad de vivir y trabajar sin miedo.
México no puede acostumbrarse a sobrevivir bajo amenaza.
México debe volver a trabajar con confianza.
Y esa confianza se construye con seguridad, justicia económica, reglas claras y una convicción profunda: poner al centro a quienes todos los días levantan la cortina y hacen caminar al país.
