Durante muchos años hablamos de la corrupción como un problema ético. Después la entendimos como un problema jurídico. Hoy sabemos que también es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento económico.
Ningún inversionista apuesta por un lugar donde las reglas cambian según la persona que atiende una ventanilla. Ningún comerciante puede competir en igualdad de condiciones cuando otros obtienen ventajas mediante la corrupción. Ningún ciudadano confía plenamente en sus instituciones cuando denunciar parece inútil.
Los datos son contundentes. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI estima que 6.9 millones de mexicanos fueron víctimas de actos de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos, con un costo cercano a 25 mil millones de pesos en un solo año. A ello se suma otro dato igual de preocupante: 84% de la población considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente. Esa percepción también tiene consecuencias económicas, porque la confianza es uno de los principales activos para atraer inversión, generar empleo y fortalecer el mercado interno.
La académica Susan Rose-Ackerman ha sostenido que la corrupción actúa como un impuesto oculto que termina pagando toda la sociedad. Robert Klitgaard, uno de los principales estudiosos del tema, explica que la corrupción surge cuando coinciden poder concentrado, discrecionalidad y poca rendición de cuentas. Ambos coinciden en que combatirla exige rediseñar instituciones, simplificar procesos y facilitar la vigilancia ciudadana.
Eso explica por qué las mejores políticas públicas ya no se limitan a sancionar; buscan prevenir.
En Tijuana acaba de ponerse en marcha una iniciativa que refleja esa visión. Impulsado por la síndica procuradora Teresita de Jesús Balderas Beltrán, el primer Kiosko Digital para denunciar posibles actos de corrupción de servidores públicos acerca la denuncia a los ciudadanos mediante un mecanismo sencillo, confidencial y con seguimiento. Es una herramienta tecnológica, pero sobre todo es una decisión institucional para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Esta acción forma parte de la Ruta del Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, promovida por CONCANACO SERVYTUR y respaldada desde su inicio por el alcalde con licencia Ismael Burgueño Ruiz, primer presidente municipal del país en sumarse a esta estrategia nacional.
Hoy el Pacto ha recorrido Tijuana, León, Morelia, La Paz, Pachuca, Champotón, Mérida, Ciudad Valles, Tampico, San Juan del Río y Xalapa, articulando esfuerzos en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Baja California Sur, Hidalgo, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro y Veracruz. Aunque cada municipio enfrenta retos distintos, todos comparten una convicción: la seguridad, la legalidad y la transparencia también son políticas de desarrollo económico.
En la misma dirección apunta Transparencia Internacional, al señalar que los países con mejores resultados no son únicamente aquellos que castigan la corrupción, sino los que construyen sistemas de integridad, protegen a los denunciantes y hacen que las instituciones sean abiertas, verificables y cercanas a la ciudadanía.
Ese es el verdadero desafío para México. No basta con reducir los espacios para la corrupción; es necesario ampliar los espacios para la confianza.
Porque donde existe confianza, las personas invierten. Donde hay reglas claras, las empresas crecen. Y donde las instituciones funcionan, la prosperidad deja de ser una aspiración para convertirse en una realidad compartida.
