En México se están discutiendo dos temas que tendrán efectos directos en la estabilidad económica del país: la reforma electoral orientada a reducir el costo del aparato público y la implementación de la reducción de la jornada laboral. Ambos cambios pueden ser positivos si se hacen con responsabilidad, pero también pueden generar presión sobre la economía si no se cuida el equilibrio entre el gasto del Estado y la capacidad del sector productivo.
Desde la óptica económica, no vemos mal que exista un Plan B en materia electoral, siempre que sirva para hacer al Estado más eficiente, menos costoso y más cercano a la ciudadanía. La discusión no debe centrarse en si se reforma o no, sino en si la reforma ayuda a tener un gobierno más austero, más funcional y más responsable con el dinero público.
Reducir el costo de las elecciones es positivo. Hoy el gasto anual de organismos electorales locales, tribunales y partidos políticos estatales se estima en alrededor de 20 mil millones de pesos, y una reducción cercana al 25% podría generar ahorros de entre 3,500 y 5,000 millones de pesos al año. Estos recursos pueden destinarse a prioridades más urgentes como seguridad, salud, infraestructura o apoyo a la actividad productiva, áreas que tienen impacto directo en el bienestar de la población y en la competitividad del país.
También es correcto revisar el costo de los congresos locales y de los ayuntamientos. Si se puede representar adecuadamente a la ciudadanía con menos gasto, debe hacerse. La austeridad democrática no debilita a la democracia; la fortalece cuando elimina duplicidades, privilegios y estructuras que encarecen al Estado sin mejorar la calidad del gobierno.
En este contexto, mecanismos como la revocación de mandato también son valiosos, porque fortalecen la participación ciudadana y obligan a gobernar con mayor responsabilidad. Permitir que la gente evalúe al gobierno en las urnas amplía la legitimidad institucional y acerca las decisiones públicas a la sociedad.
Lo fundamental es que cualquier cambio se realice con reglas claras y sin generar incertidumbre. Eficiencia sí, desorden no. Ahorro sí, inestabilidad no. La economía necesita confianza, y la confianza depende de que las reformas sean previsibles, responsables y sostenibles.
Este punto es especialmente relevante cuando se analiza el impacto económico de la reducción de la jornada laboral. Las estimaciones indican que cubrir las horas necesarias para mantener la operación podría representar hasta un 14% adicional en el costo de la nómina, equivalente a cerca de 1.4 billones de pesos, más del 4% del PIB.
Si al mismo tiempo que se incrementan las obligaciones para las empresas no se reduce el gasto público, la presión sobre el sector productivo aumenta y se limita la capacidad de invertir, contratar y crecer.
Por eso la postura debe ser clara: toda reducción de la administración pública innecesaria reduce el estrés económico del sector productivo.
Si el Plan B logra disminuir costos, mejorar la eficiencia del gobierno y ampliar la voz de la ciudadanía, vale la pena analizarlo con seriedad.
Porque un Estado más austero permite una economía más fuerte,
y una economía fuerte es la base de la estabilidad de México.
