Con mayoría calificada, diputados avalan el Plan B electoral de Sheinbaum; la reforma pasa ahora a congresos estatales.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del denominado “Plan B” de reforma electoral, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con 377 votos a favor de Morena, PT, PVEM y algunos legisladores de Movimiento Ciudadano, frente a 102 votos en contra de PAN, PRI y PRD. La sesión, que se prolongó hasta la madrugada, estuvo marcada por más de 130 reservas y un intenso debate político.
El proyecto, considerado una versión limitada del primer intento de reforma electoral rechazado en 2025, reforma los artículos 115 y 116 y adiciona un párrafo al artículo 134 de la Constitución. Entre los principales cambios se establece que cada municipio podrá tener un máximo de 15 regidurías, y que las legislaturas locales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto estatal en su gasto anual. Además, se refuerzan los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración de los órganos legislativos locales.
La reforma también fija que ningún consejero electoral, magistrado o funcionario de organismos electorales podrá percibir un salario superior al de la persona titular del Ejecutivo federal. Asimismo, se prohíbe el uso de recursos públicos para contratar seguros privados de vida, gastos médicos o pensiones, buscando reducir privilegios y homologar prestaciones en el servicio público.
Otro punto relevante es la disposición para que el presupuesto del Senado se reduzca 15% en términos reales durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, como parte de una política de austeridad progresiva.
Durante la discusión, las bancadas protagonizaron intercambios de insultos y acusaciones. Legisladores del PRI y PAN calificaron la iniciativa como “innecesaria y distractora”, mientras que diputados de Morena defendieron el proyecto como una medida “en favor del pueblo”. El debate derivó incluso en incidentes simbólicos, como el lanzamiento de una cubeta con chapopote en la tribuna, en referencia al derrame de petróleo en Veracruz, lo que evidenció el clima de polarización política.
El dictamen será enviado ahora a los Congresos locales para su análisis y eventual aprobación, requisito indispensable para su entrada en vigor. De concretarse, el Plan B electoral redefinirá la estructura administrativa y presupuestal de los órganos electorales y locales, sin modificar la composición del Congreso federal ni el financiamiento a partidos políticos.
Con esta votación, el gobierno de Sheinbaum avanza en su objetivo de reordenar el sistema electoral mexicano bajo criterios de austeridad y paridad, aunque la oposición advierte que la reforma “no atiende las verdaderas demandas ciudadanas” y podría enfrentar impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
