La Corte da más poder a la UIF: congelar cuentas sin juez

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El máximo tribunal avala que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee cuentas bancarias sin orden judicial, lo que genera preocupación por posibles abusos y vulneración de derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la facultad de congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa. La medida se justifica en casos donde existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, y fue aprobada por mayoría de seis votos en el pleno.

El fallo deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, promovida por senadores de oposición, quienes cuestionaban la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en 2022. Con esta decisión, la Corte dejó firme la reforma y se apartó de criterios anteriores que exigían control judicial para medidas de este tipo.

La ministra Loretta Ortiz, autora del proyecto, defendió que el congelamiento de cuentas es una medida cautelar, no una sanción penal, y que no sustituye las investigaciones ministeriales. Sin embargo, críticos advierten que la resolución otorga un poder discrecional a la UIF y puede derivar en afectaciones a ciudadanos y empresas sin que medie un juez.

La decisión se suma a otras reformas recientes que han limitado la capacidad de los jueces para suspender actos de autoridad en materia financiera, como la modificación a la Ley de Amparo aprobada en 2025. Con ello, México refuerza su marco de combate al lavado de dinero, pero también abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales.

El fallo llega en un momento en que el país busca fortalecer su reputación ante organismos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero. No obstante, especialistas advierten que el reto será garantizar que la ampliación de facultades de la UIF no se traduzca en un uso político o discrecional del sistema financiero, sino en una herramienta eficaz y transparente para combatir la corrupción y proteger la estabilidad económica.

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